Cabalmente

De crímenes, ruedas mediáticas y revelaciones de secretos policiales

Escrito por . Publicado en Divagando hace 11 meses.
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Un crimen monstruoso, el de la joven Diana Quer, y su feliz resolución dieciséis meses después. Un país conmocionado. Un cuerpo de seguridad del Estado –la Guardia Civil, los dioses la guarden– cuyos portavoces se asoman a los medios para explicar los pormenores de la investigación. Un cúmulo de despropósitos.

Es lo que pasa por tener en la familia tanto jurista y profesor de Derecho. Que escuchas la hora y media de rueda de prensa de los investigadores de la UCO, al día siguiente la charla de un coronel con Herrera, más tarde en un plató televisivo, entre otras muchas apariciones, y te haces varias preguntas. ¿Es necesaria esta sobreexposición mediática de la Guardia Civil? ¿Todos esos detalles tan pormenorizados se pueden contar libremente? ¿Qué dice al respecto el ordenamiento jurídico español?

Pues, grosso modo, la Ley viene a decir que la policía está obligada a guardar secreto de los datos e informaciones que conozca en el ejercicio de su función profesional. Sin entrar en excesivas profundidades, este deber de secreto está descrito en las siguientes normas:

  • En la Ley Orgánica de Protección de Datos.
  • En el art. 5.5 de la Ley Orgánica de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Deberán guardar riguroso secreto respecto a todas las informaciones que conozcan por razón o con ocasión del desempeño de sus funciones. No estarán obligados a revelar las fuentes de información salvo que el ejercicio de sus funciones o las disposiciones de la Ley les impongan actuar de otra manera.
  • El art. 199 del Código Penal castiga el delito de revelación de secretos. La autoridad o funcionario público que, fuera de los casos permitidos por la Ley, sin mediar causa legal por delito, y prevaliéndose de su cargo, realizare cualquiera de las conductas descritas en el artículo anterior, será castigado con las penas respectivamente previstas en el mismo, en su mitad superior y, además, con la de inhabilitación absoluta por tiempo de seis a doce años.
  • La Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 301) declara el secreto de toda investigación policial y judicial hasta la apertura de juicio oral. Las diligencias del sumario serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra el juicio oral, con las excepciones determinadas en la presente Ley. El abogado o procurador de cualquiera de las partes que revelare indebidamente el contenido del sumario será corregido con multa de 500 a 10.000 euros. En la misma multa incurrirá cualquier otra persona que no siendo funcionario público cometa la misma falta. El funcionario público, en el caso de los párrafos anteriores, incurrirá en la responsabilidad que el Código Penal señale en su lugar respectivo.
  • La Ley que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (art. 4.5) faculta solo al fiscal para informar a la opinión pública sobre el desarrollo de las investigaciones criminales y únicamente cuando no afecte al éxito de las mismas y con reserva sobre los datos personales. Informar a la opinión pública de los acontecimientos que se produzcan, siempre en el ámbito de su competencia y con respeto al secreto del sumario y, en general, a los deberes de reserva y sigilo inherentes al cargo y a los derechos de los afectados.

Pero no solo es una prohibición legal que protege la intimidad de los sujetos afectados por la investigación. También es un principio esencial de prudencia:

  • Porque la revelación de datos al inicio de la investigación precipita conclusiones que solo pueden confirmarse en una sentencia de condena al final del proceso. Si esa sentencia es absolutoria o el proceso se archiva antes, el daño que se ha hecho a los imputados con las declaraciones públicas policiales es irreparable.
  • Porque se pueden frustrar investigaciones con revelaciones precipitadas que permitan al sujeto pasivo conocer datos de antemano y estar preparado ante futuros interrogatorios.
  • Porque pueden condicionar declaraciones futuras de testigos.
  • Porque suponen una condena anticipada de la opinión pública y un juicio paralelo.

¿Qué diría de todo esto cualquier jurista que en su día resolviera con buen tino la asignatura de derecho procesal? Pues probablemente lo que ya es un sentimiento generalizado en instancias judiciales: que la Guardia Civil se ha excedido dando explicaciones ante las cámaras. Que la rueda de prensa organizada el 2 de enero de 2018 en la Delegación del Gobierno de La Coruña, así como las siguientes comparecencias en medios, son un verdadero despropósito. No es que la Guardia Civil haya trabajado mal en la investigación: es que no ha debido contar los detalles de la misma. Ha sido una acción imprudente y contraria al deber de secreto sumarial. Un comportamiento impropio de una policía profesional. Un autobombo innecesario. Es como si te hacen una prueba médica y, antes de que lo vea el especialista y diagnostique, el radiólogo le dice a tu familia y amigos que tienes un cáncer.

Es curioso que los propios agentes policiales que en su recto caminar al servicio de jueces y fiscales –que son los que mandan, bueno es recordarlo– no se dejan iluminar por las leyes españolas en materia de deber de secreto riñan a los periodistas por su tratamiento del Caso Diana Quer. Piden máxima consideración para los padres de una adolescente asesinada. Faltaría más. Pero ahí entrarían el derecho de un periodista a informar y el derecho del ciudadano a estar informado, ¿no? Además de unas leyes que así lo autorizan. La víctima merece respeto, claro que sí. También lo merece su familia y, hasta que lo condenen, y por mucho que nos pese, el investigado, que está protegido por la presunción de inocencia. Esta es la grandeza del Estado de Derecho. Paciencia, prudencia y respeto por el trabajo de la Justicia no son virtudes de la sociedad de la inmediatez y de la superficialidad, que devora indicios y anticipa condenas. Y resulta paradójico que la resolución del crimen se precipitara tras la filtración desde instancias policiales de una información reservada. Que cada palo aguante su vela. «Haremos una investigación interna a ver quién ha hecho la filtración», vino a afirmar el coronel Sánchez Corbí. Le faltó decir: «Aquí el único que puede filtrar información de forma ilegal soy yo, y es lo que estoy haciendo ahora mismo».

Habría bastado que la Guardia Civil saliera a la palestra con estas dos frases: «Hemos detenido al presunto culpable y lo hemos puesto a disposición del juez. Nuestro trabajo es hacerlo, no contarlo». ¡Qué fácil y qué buena lección!

Y vosotros, violadores y criminales, ya sabéis. Cuando salgáis a cometer vuestras fechorías, dejad el móvil en casa. La Guardia Civil ha tenido a bien contar a viva voz sus métodos reservados y sigilosos. Ahora ya sabemos cómo los buenos pillan a los malos. Si tenéis dos dedos de frente, actuaréis en consecuencia.

 

5 Comments

  1. Fernando Cansino
  2. Fernando Barón Barbadillo
  3. Manuel Enríquez Aumesquet

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